El Estado mexicano está constitucionalmente obligado a garantizar el bienestar y el derecho a la educación de la sociedad que la integra, así como a regir el desarrollo a través de la planeación democrática y participativa para conseguir la erradicación de la trata de personas. El 14 de junio de 2012 se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Por medio de este ordenamiento se establecieron las disposiciones encaminadas a implementar una política pública integral que involucra a los tres órdenes de gobierno a través de acciones de coordinación interinstitucional.
